La Vicepresidencia de la República sorprendió al responder a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que el informe entregado el 26 de noviembre de 2025.
Con alertas sobre 174 proveedores de salud vinculados a 244 procesos contractuales presuntamente irregulares por unos USD 240 millones, no corresponde a sus atribuciones. Aunque María José Pinto fue encargada del Ministerio de Salud el 18 de noviembre mediante el decreto 222.
La institución indicó que, según la normativa vigente y el decreto ejecutivo 3, sus responsabilidades como vicepresidenta se limitan a la articulación de políticas públicas en ámbitos como salud mental, primera infancia, educación intercultural, embarazo adolescente y desnutrición infantil, por lo que el requerimiento fue derivado a las entidades competentes.
La CNA interpretó esta respuesta como un intento de evadir responsabilidades, recordando que Pinto preside el Comité Nacional de Salud y, por tanto, debería revisar la información entregada sobre proveedores y contratos observados entre 2019 y 2025. El organismo anticorrupción también solicitó que se analicen las denuncias relacionadas con el eventual contrato del IESS con la plataforma HealthBird, estimado en USD 37,7 millones. Su coordinador, Germán Rodas, expresó preocupación por la falta de claridad en quién ejerce efectivamente el liderazgo del Ministerio de Salud, tras la respuesta emitida desde la Vicepresidencia.
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