Durante los 90 días de instrucción fiscal tanto la Fiscalía como los procesados deben presentar las pruebas que lleguen a un fallo de culpabilidad o sobreseimiento de la causa.
Pasadas las 16:00 de este miércoles 11 de marzo el representante del equipo legal de los cuatro exdirigentes indígenas que son procesados por las movilizaciones en junio de 2022, dio a conocer que el juez competente acogió la petición de Fiscalía y determinó 90 días para la instrucción fiscal.
El abogado Franklin Casicana explicó que, “la formulación de cargos y el inicio de la instrucción fiscal ya es la etapa de juicio. Ahorita ya no están en calidad de investigados los cuatro compañeros, sino ya están en calidad de procesados”.
Así, tanto la parte acusatoria como la defensa tienen estos tres meses para probar sus argumentos y que finalmente la autoridad competente determine culpabilidades o dé el sobreseimiento de los procesados.
En la audiencia de formulación de cargos de ayer, el fiscal que lleva el caso pidió medidas precautelares para Segundo Poalacín, expresidente y actual vicepresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT); Jorge Chaumana, expresidente del Movimiento Indígena de Tungurahua con sede en Atocha – MITA (filial de la Fenocin); Wilfrido Masabanda, exgobernador del Pueblo Tomabela; y Fernando Tisalema, expresidente de la Unión de Comunidades Indígenas de Toallo – Santa Rosa.
Entre estas medidas impuestas está la prohibición de salida del país, así como la presentación periódica de los procesados. En un inicio se solicitó que se presentaran semanalmente ante la autoridad competente, sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por Casicana se consiguió que el juez amplíe la periodicidad de la presentación de los defendidos.
Adicionalmente, se logró que desde la Fiscalía se abra un diálogo intercultural para garantizar “el derecho a la identidad de los compañeros, que viven en comunidades lejanas y se les complica la movilización”.
Postura de la defensa
El abogado resaltó que en este tiempo van a demostrar “que los cuatro compañeros no fueron los que paralizaron el servicio de la Gobernación (de Tungurahua) porque dentro del expediente consta que incluso el mismo gobernador de esa época (Fernando Gavilanes) indica que suspendieron el servicio a la ciudadanía en la Gobernación de manera presencial y que (…) del 13 de junio hasta el 30 de junio de 2022 hicieron una labor de manera virtual. Por lo tanto, no hay ninguna paralización del servicio público como está indicando la Fiscalía”.
Añadió que hay un informe pericial dentro del expediente en el que se mencionaría que no existieron daños a la infraestructura de la Gobernación durante la toma de los comuneros, más allá de una manilla de un archivador.
Mientras tanto Poalacín vio como correcto que se respete el diálogo intercultural y se mantuvo firme en su posición de que no solo los dirigentes, sino todas las comunidades estaban en su derecho a la resistencia, contemplado en la Constitución de la República.
“Ese es un derecho garantizado para que el pueblo pueda levantarse y hacer valer sus derechos cuando los gobiernos no están tomando decisiones adecuadas para el bienestar de toda la comunidad”, mencionó el dirigente.
Tanto Poalacín como Casicana señalaron que esperan que el proceso se resuelva lo más pronto posible y finalmente se dé el sobreseimiento de los cuatro procesados, ya que afirman que no habría las pruebas suficientes para demostrar culpabilidad alguna.
Fuente: Diario la Hora
