Tras el reciente paro nacional, que generó pérdidas económicas e intensificó la polarización en Ecuador, la dirigente histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Nina Pacari, ha elevado críticas severas contra la gestión gubernamental de la crisis. En entrevista exclusiva, la exjueza constitucional calificó la intervención estatal en Imbabura como un «convoy de la muerte» y una «incursión a territorio indígena» que racializó el conflicto, anunciando que el equipo jurídico prepara acciones en el ámbito internacional.
El cese de la protesta, anunciado por la dirigencia nacional de la CONAIE el 22 de octubre, contrasta con las declaraciones de organizaciones locales de Imbabura que desconocen dicha resolución, evidenciando contradicciones internas que, según Pacari, son parte de la diversidad del movimiento, no de una «fractura» insubsanable.
Críticas a la Intervención y Autoritarismo
Pacari, nacida en Cotacachi en 1961, sostiene que la violencia escaló con la llegada del denominado «convoy humanitario» a Imbabura a mediados de octubre.
«El mal llamado convoy humanitario, que en verdad fue un convoy de la muerte, es una incursión a territorio indígena, racializando la identificación del objetivo como tal,» afirmó la dirigente, argumentando que la respuesta gubernamental no fue proporcional a la protesta. Pacari recordó que, según la Constitución, las órdenes superiores no eximen de responsabilidad a los uniformados que las ejecutan.
La protesta social, motivada en esta ocasión por el incremento del precio del diésel (que afecta directamente a las economías populares y sectores urbanos), se enmarca en un derecho constitucional para «frenar el arbitrio de los gobernantes». Para la exministra, las acciones del Gobierno revelan una «incapacidad para combatir el crimen organizado» y, a la vez, una «incapacidad para reconocer la diversidad» y plurinacionalidad del país.
La Acusación de Financiamiento Ilegal
Respecto a la afirmación gubernamental de que el paro fue financiado por la minería ilegal o permeado por el crimen organizado, Pacari fue categórica en su rechazo, catalogándola como una estrategia histórica para «deslegitimar» la lucha indígena.
Recordó incidentes de infiltración policial en protestas anteriores (mencionando un caso específico en Chimborazo en la década de 1990) y enfatizó que el movimiento indígena se sostiene en la «economía de resistencia» de los territorios, desmintiendo la necesidad de financiamiento externo para la protesta. «Decir que estamos vinculados a recursos de explotaciones mineras son pretensiones para deslegitimar,» sentenció.
El Debate sobre la Oportunidad de la Protesta y la Plurinacionalidad
Consultada sobre si fue prudente convocar a un paro en un contexto de combate al crimen organizado y manejo de una «narrativa bélica», Pacari señaló que el Gobierno ha utilizado el «miedo» como base para la declaratoria de conflicto interno. No obstante, defendió la necesidad de la protesta ante la subida del diésel, una «causa de alcance nacional».
Finalmente, la histórica dirigente defendió la vigencia de la Constitución de 2008, a pesar de sus falencias (como el «hiperpresidencialismo») y el «abuso del garantismo» en casos como el habeas corpus de Jorge Glas. Pacari recalcó que el reconocimiento de la plurinacionalidad no es una «dádiva» de ningún gobierno, sino una plataforma histórica de la CONAIE, y afirmó que no considera que sea el momento oportuno para una nueva constituyente.
