La Fiscalía ratificó su pedido de prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre. En el caso de Estefanía Molina, el Ministerio Público no se opuso a medidas alternativas, al considerar las circunstancias familiares expuestas durante la audiencia. La decisión quedó en manos del juez.
La audiencia de formulación de cargos del denominado caso Laberinto continuó la mañana del viernes 23 de octubre de 2026, luego de que la Fiscalía General del Estado ratificara su solicitud de prisión preventiva para tres de las personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos.
La investigación busca determinar un supuesto financiamiento irregular del proceso electoral de 2023 de la organización política Revolución Ciudadana, Lista 5. Según la hipótesis fiscal, los recursos habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Entre las personas investigadas constan Luisa González, excandidata presidencial y secretaria de Asuntos Internacionales de la Revolución Ciudadana; Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre, esta última vinculada al movimiento político RETO, quien se habría entregado voluntariamente la tarde del 22 de octubre.
La Fiscalía sostuvo su pedido de prisión preventiva tras analizar la documentación presentada por los procesados. La aplicación de esta medida y las demás solicitudes debían ser resueltas por el juez a cargo de la causa.
Estefanía Molina: Fiscalía acepta analizar medidas alternativas
Durante la audiencia, la Fiscalía adoptó una posición distinta respecto de Estefanía Molina, señalada como responsable del manejo económico de la Revolución Ciudadana.
El Ministerio Público no se opuso a que se consideren medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a que Molina tiene bajo su cuidado a un hijo con una condición de salud que requiere su presencia.
Entre las medidas planteadas constan las presentaciones periódicas ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Tras escuchar las intervenciones de los sujetos procesales, el juez suspendió temporalmente la audiencia, cuya reinstalación estaba prevista para conocer la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas.
Luisa González cuestiona los argumentos de la Fiscalía
En medio de la diligencia, Luisa González difundió un mensaje en su cuenta de X, acompañado de un audio de su intervención ante el juez. En su declaración, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía respecto de sus vínculos familiares y sus desplazamientos fuera del país.
González rechazó que el registro de sus viajes internacionales sea considerado, sin mayor contexto, un elemento para cuestionar su arraigo. Según explicó, las salidas se habrían producido durante un periodo superior a diez años y, aseguró, regresó al Ecuador después de cada viaje.
“Estoy aquí, responderé con la verdad que merece mi país y por la dignidad de mi pueblo”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.
La dirigente política explicó que mantiene vínculos familiares y laborales entre Quito y Chone. Señaló que su hijo estudia en la capital, mientras que su actividad laboral se desarrolla en Chone, y agregó que sus padres son adultos mayores con necesidades de atención médica.
También sostuvo que, después de un allanamiento realizado el 28 de enero, tuvo oportunidades de salir del país y no permanecer en Ecuador, pero afirmó que regresó en distintas ocasiones para enfrentar los procesos judiciales en su contra.
González se declara perseguida política
Durante su intervención, la excandidata presidencial afirmó que enfrenta 19 procesos fiscales y se identificó como una perseguida política. Aseguró que su decisión es defenderse en territorio ecuatoriano y comparecer ante las autoridades.
Sus declaraciones forman parte de los argumentos expuestos por su defensa frente al pedido de prisión preventiva. La valoración de esos elementos corresponde al juez, quien debe resolver con base en la documentación y los argumentos presentados por las partes.
Audiencia se instaló la noche del 22 de octubre
La audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del jueves 22 de octubre de 2026 contra cuatro personas investigadas por el presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento electoral de 2023.
De acuerdo con la información difundida durante la diligencia, la Fiscalía sostiene que los recursos investigados habrían tenido origen en actividades ilícitas vinculadas con la comercialización de hidrocarburos.
La audiencia se desarrolló de manera telemática. Según el equipo de comunicación de Luisa González, ella permanecía en el Cuartel Modelo de Guayaquil mientras participaba en la diligencia.
El caso Laberinto entra así en una fase clave para definir las medidas cautelares de los investigados. La solicitud de prisión preventiva constituye un requerimiento de la Fiscalía y no una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal deberá establecerse conforme avance el proceso judicial y se valoren las pruebas.