
La Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establecen cambios importantes en la administración de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Entre las principales disposiciones consta que los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales no podrán ausentarse temporalmente de sus funciones por más de 90 días consecutivos, bajo las condiciones y causales de cese establecidas en la normativa.
El proyecto unifica 14 propuestas legislativas orientadas a fortalecer el control institucional, mejorar la transparencia y establecer nuevas responsabilidades para las autoridades seccionales. Tras su aprobación en el Legislativo, el documento será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa, para su correspondiente sanción o veto.
Nuevas obligaciones para autoridades y concejales
Uno de los cambios relevantes establece que los concejales deberán cumplir una jornada laboral de 40 horas semanales. Además, se fortalece su facultad de fiscalización, permitiéndoles solicitar documentación e información necesaria para ejercer el control sobre la gestión de los gobiernos municipales.
La reforma también delimita las causales legales para la terminación de funciones de las autoridades locales y precisa las atribuciones y competencias que corresponden a los viceprefectos.
Sesiones públicas y modernización de los GAD
En materia de transparencia, la normativa establece que los órganos legislativos de los diferentes niveles de gobierno deberán transmitir obligatoriamente sus sesiones en vivo mediante plataformas digitales, con el propósito de facilitar el acceso ciudadano a las decisiones de sus autoridades.
Asimismo, los gobiernos locales deberán implementar ventanillas electrónicas para agilizar los trámites y mejorar los servicios de atención a la población.
Otro de los aspectos contemplados es la posibilidad de que los municipios realicen la venta directa de determinados inmuebles a arrendatarios y posesionarios de asentamientos de hecho consolidados, conforme a las disposiciones legales correspondientes.
La reforma también incorpora precisiones sobre las competencias de los gobiernos locales en materia de infraestructura tecnológica y despliegue de redes de telecomunicaciones.
Seguridad ciudadana y ordenamiento territorial
El nuevo marco legal incorpora disposiciones relacionadas con la planificación territorial y la seguridad ciudadana. Entre ellas, establece requisitos para la creación de nuevos cantones y parroquias rurales, así como la incorporación de la gobernanza de la seguridad y convivencia ciudadana dentro de las responsabilidades de los GAD.
Además, contempla la obligatoriedad de implementar el Plan Provincial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, junto con medidas destinadas a prevenir la violencia y reducir los riesgos en los territorios.
Las reformas plantean cambios en la gestión de prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales, con nuevas obligaciones para sus autoridades y mecanismos de control público. Su aplicación dependerá del trámite constitucional correspondiente y de la entrada en vigencia de la normativa.