
El analista jurídico y político Santiago Monar advierte sobre posibles responsabilidades de las administraciones municipales en el manejo del proyecto Maguazo-Alao. Cuestiona las reiteradas ampliaciones de plazo, la situación de las garantías contractuales y la falta de claridad sobre la recuperación de los recursos públicos, cuyo monto, según sus declaraciones, bordearía los 250 millones de dólares.
Durante su intervención en el programa de opinión del medio digital Aquí Chimborazo, el doctor Santiago Monar realizó un análisis crítico sobre el desarrollo del proyecto Maguazo-Alao y las decisiones adoptadas por las administraciones municipales que han tenido a su cargo este proceso.
Monar señaló que, de acuerdo con el análisis realizado junto a personas conocedoras del tema, el contrato contemplaba más de 1.200 rubros que debían ejecutarse dentro de determinados plazos. Sin embargo, cuestionó que se hayan concedido alrededor de 17 ampliaciones de plazo al consorcio contratista, situación que, a su criterio, habría permitido prolongar la ejecución de la obra sin que se concretaran los resultados esperados.
Uno de los aspectos que más preocupa al analista es la situación actual de las garantías contractuales. Según manifestó, las pólizas habrían caducado y existirían complicaciones relacionadas con la situación jurídica del consorcio, además de procesos laborales pendientes por obligaciones con trabajadores que participaron en el proyecto.
En ese contexto, Monar cuestionó la viabilidad de una eventual terminación unilateral del contrato y planteó una interrogante fundamental: ¿sobre qué garantías, mecanismos legales o bienes se pretende recuperar los recursos públicos comprometidos?
RESPONSABILIDADES ENTRE ADMINISTRACIONES
El analista sostuvo que las responsabilidades no deberían limitarse a la administración municipal actual, sino que también deben examinarse las decisiones adoptadas por las autoridades anteriores. A su criterio, las actuaciones de ambas administraciones deben ser investigadas para establecer quiénes tenían la obligación de fiscalizar, exigir el cumplimiento contractual y proteger los intereses económicos del Municipio de Riobamba.
Asimismo, cuestionó la actuación de quienes tenían a su cargo el seguimiento y control del contrato, particularmente frente a las sucesivas ampliaciones de plazo y la situación de las garantías.
Durante su intervención, Monar también mencionó al fiscalizador de la obra, Gonzalo Lima, como una persona que habría denunciado presuntos intentos de corrupción durante administraciones anteriores. Estas afirmaciones, señaló, deben ser contrastadas y verificadas por las instancias competentes.
UNA DEUDA QUE COMPROMETE RECURSOS PÚBLICOS
Otro de los puntos centrales de su análisis fue el impacto económico del proyecto. Monar hizo referencia a una cifra aproximada de 250 millones de dólares y cuestionó cuánto de ese financiamiento ha sido cancelado, cuál es el saldo pendiente y qué mecanismos existen para recuperar los recursos invertidos.
El analista advirtió que las consecuencias económicas de este proyecto no recaen únicamente sobre la administración municipal de turno, sino también sobre la ciudadanía, debido al compromiso de recursos públicos y obligaciones financieras que podrían extenderse a futuras generaciones.
Finalmente, insistió en que el caso Maguazo-Alao requiere explicaciones documentadas, transparencia y el esclarecimiento de las responsabilidades administrativas, contractuales y legales. La ciudadanía, sostuvo, necesita conocer qué ocurrió con los recursos destinados a una obra vinculada al abastecimiento de agua para Riobamba y qué acciones concretas se están ejecutando para proteger el patrimonio municipal.
El caso deja planteadas varias interrogantes que requieren respuestas: ¿qué ocurrió con los recursos invertidos?, ¿por qué se concedieron tantas ampliaciones de plazo?, ¿cuál es la situación real de las garantías contractuales? y ¿quiénes deberán responder por las decisiones adoptadas durante las distintas administraciones?